Un grupo de trabajadores de La Araucanía pidió formalmente una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derecgis Humanos (CIDH), con la finalidad que de que el ente internacional la que mandate al Estado de Chile a disponer de medidas de protección especial ante los hechos de violencia que golpean la macrozona sur del país.
Los trabajadores, los cuales viajaban en el mismo furgón que Pedro Cabrera, quien fuera asesinado el pasado 3 de octubre en Collipulli. Los mismos aseguran que el Estado no ha implementado medidas necesarias que garanticen la protección en el desarrollo de sus labores, por lo que decidieron pedir ayuda internacional.
La Multigremial de La Araucanía y de la Multigremial Nacional dieron la aprobación a la iniciativa y manifestaron: “Cuando el Estado no es capaz de prevenir ni de brindar seguridad a sus ciudadanos, entonces estamos frente a un Estado fallido. Y cuando un Estado falla de esta forma tan evidente, incluso con pérdidas de vidas inocentes, no queda más alternativa que recurrir a organismos internacionales para visibilizar la situación y buscar la protección que se necesita”. “El camino legal, nacional e internacional, es el único posible para hacer frente a este tipo de hechos. Seguiremos apoyando e impulsando estas acciones frente a cada acto de terrorismo y violencia del que seamos víctimas, porque la desprotección y abandono de nuestros gremios y trabajadores es lamentable”, agregaron desde la Multigremial Nacional.
Christian Berndt, abogado patrocinante y miembro de la oficina especializada en litigio internacional Justicia y Reparación dijo que la supervisión de la CIDH es la única garantía real de protección para los trabajadores que laboran en el Fundo Agua Buena y en sector de Curacao en La Araucanía: “Pese a que el lugar donde ocurrió el atentado en Collipulli contaba con medidas de protección solicitadas por el Ministerio Público desde junio de 2019, las autoridades han hecho oídos sordos y hemos visto cómo 400 trabajadores han quedado en la indefensión absoluta”.