El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó una sentencia de presidio perpetuo simple contra Marcelo Alejandro Millar Millar, quien fue declarado culpable de cometer delitos reiterados de abuso sexual y violación en contra de tres menores en la comuna de Padre Las Casas. Los hechos ocurrieron desde el año 2020, en plena pandemia, cuando Millar arrendó una pieza en el departamento donde residían las víctimas, aprovechando la situación para perpetrar los delitos.
El tribunal consideró que Millar abusó de su posición de confianza al quedar al cuidado de los menores, quienes en ese entonces tenían entre 10 y 11 años. La madre de los niños, que en esos momentos se encontraba fuera del hogar o dormía bajo los efectos de medicamentos, no pudo evitar los abusos, lo que el tribunal valoró como una circunstancia agravante en el caso.
El fiscal Ítalo Ortega, quien estuvo a cargo de la acusación, expresó su conformidad con la sentencia, destacando la severidad de los crímenes cometidos. “Como Fiscalía estamos conformes con esta sentencia porque da cuenta de la gravedad de estos delitos que cometió este acusado en contra de tres niños menores de 14 años. Los niños pudieron declarar en este caso ante el tribunal en una sala especial, contaron lo que les pasó y el tribunal, ponderando todas las pruebas, llegó a la conclusión de que se acreditaban estos delitos y que la pena justa era presidio perpetuo”, afirmó Ortega.
El fiscal también resaltó el profundo impacto psicológico que los delitos tuvieron en las víctimas, quienes actualmente padecen de estrés postraumático como resultado de los abusos. “Esperamos que de alguna manera se repare, aunque sea en parte, el daño que sufrieron estos niños y esa familia”, añadió Ortega.
El presidio perpetuo simple dictado contra Millar implica que deberá pasar el resto de su vida en prisión, aunque podrá solicitar la libertad condicional después de cumplir un mínimo de 20 años de reclusión efectiva. No obstante, la concesión de esta libertad dependerá de una rigurosa evaluación de su conducta y otros factores establecidos por la ley.
Esta sentencia marca un hito en la lucha contra los delitos sexuales en la región y refuerza el compromiso de la Fiscalía y del sistema judicial en proteger a los menores y asegurar que los responsables de crímenes tan atroces enfrenten las consecuencias más severas que permite la ley.