La Corte de Apelaciones de Temuco ha rechazado el recurso de amparo presentado por la defensa de Francisco Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que buscaba su liberación alegando que su condena ya había sido cumplida.
En un fallo dividido, la segunda sala del tribunal de alzada determinó que no hubo actuación ilegal por parte de Gendarmería al mantener a Jones Huala en prisión. El fallo señala que “Gendarmería de Chile se encuentra cumpliendo una resolución judicial, en los términos que le fue instruido por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia. Y no se le ha notificado una resolución judicial que ordene la libertad del condenado. La sola consideración de la disposición y de los hechos recién mencionados permite concluir que Gendarmería de Chile no ha actuado de manera ilegal”.
El fallo también destaca un error en la información proporcionada por el Estado de Chile al Estado de Argentina. Según la resolución, “en la información proveída por el Estado de Chile al Estado de Argentina existe un error, pues el saldo de pena por cumplir que restaba al condenado al momento de revocársele la libertad condicional era de 887 días”. Además, al considerar el tiempo que Jones Huala estuvo privado de libertad en Argentina durante el proceso de extradición, “se genera un saldo final de 522 días de privación de libertad que le restan por cumplir”.
La Corte indicó que la acción cautelar debería haberse dirigido contra el órgano encargado de determinar si procede la libertad del condenado por haber cumplido el tiempo de privación de libertad establecido en su condena, y no contra Gendarmería de Chile. “Por esta sola consideración la acción de protección debe ser desestimada y así se dirá en lo resolutivo”, concluye el fallo.
Por estas razones, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo a favor de Francisco Facundo Jones Huala, y estableció que su pena finalizará el 8 de junio de 2025.
Este fallo subraya la firme postura del sistema judicial chileno en el cumplimiento de las sentencias y la correcta aplicación de las leyes, asegurando que los procedimientos judiciales se lleven a cabo de manera adecuada y justa.